Agremiados de SIMAVER toman oficinas de TEBAEV, acusan a su titular de no atender demandas de coordinadores de la zona de Coscomatepec
Leer másEl Decreto correspondiente otorga atribuciones a la persona titular de la secretaría respectiva.
La LXV Legislatura aprobó, con 27 votos, 12 en contra y cero abstenciones, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 18 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de seguridad pública, resultado de la Iniciativa enviada a esta Soberanía por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Este Decreto, además de homologar a la legislación local con normas de carácter general relativas a la seguridad pública, otorga atribuciones a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública, con el propósito de que las y los veracruzanos cuenten con un mejor servicio y estén garantizadas su seguridad y tranquilidad.
Entre las facultades otorgadas, se encuentran la de controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que imponga o modifique el órgano jurisdiccional, así como organizar la administración y operación del Sistema Penitenciario con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción social de la persona sentenciada.
Se añade también las consistentes en administrar, con estricto apego a los derechos humanos, los centros penitenciarios, proponer ante los órganos jurisdiccionales los beneficios de liberaciones previas, libertades anticipadas, sanciones no privativas de libertad y traslado de personas privadas de su libertad, así como atender las solicitudes de extradición, amnistía e indulto.
De acuerdo con el Dictamen aprobado, quien encabece la Secretaría de Seguridad Pública coordinará, dirigirá y vigilará la política estatal en materia de prevención y reinserción social, de evaluación y supervisión de medidas cautelares, así como de la suspensión condicional del proceso, de conformidad con las leyes de la materia.
También se prevé lo necesario para que supervise las instalaciones de los centros penitenciarios y mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal y de las y los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para su buen funcionamiento.
Conforme lo dispuesto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y demás disposiciones aplicables, tendrá además la atribución de administrar y resguardar los centros especializados para este grupo poblacional.
Tendrá, además, en sus atribuciones la realización de los traslados de las personas privadas de su libertad, ordenados por los órganos jurisdiccionales, a los recintos judiciales en donde se celebrarán sus audiencias, brindándoles seguridad y custodia en dichos espacios, así como cumplir los mandamientos judiciales solicitados por los jueces y las autoridades ministeriales.
Asimismo, la Secretaría, por conducto de su titular, estará facultada para coordinar, dirigir y supervisar la Unidad de Análisis e Inteligencia, que estará bajo su adscripción, con las facultades conferidas en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado y otras disposiciones aplicables.
El o la titular de la Secretaría tendrá competencia para coordinar y supervisar la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, que estará bajo su adscripción, para llevar a cabo las funciones y actividades conforme a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.
Posicionamientos
Por el Grupo Legislativo de Morena, el diputado Carlos Manuel Jiménez Díaz recordó los datos ofrecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según los cuales en Veracruz los delitos de alto impacto han disminuido de manera importante.
Reconoció que, si bien aún queda mucho por hacer, el Gobierno del Estado combate de manera efectiva a quienes intenten alterar el orden y la tranquilidad social y a quienes cometen ilícitos.