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Irineo Pérez Melo.- El declinar a favor de un compañero o compañera en algún puesto o aspiración política no es un acto de incongruencia, tampoco habla mal de esa persona y mucho menos que sea una farsa el que se postulen para luego unirse a otro aspirante, aseguró Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo rechazó (PT).
Al referirse a la decisión del exsecretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García de “tirar la toalla” y sumarse a Rocío Nahle García, para que sea la coordinadora de la Comisión de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Veracruz, defendió la postura del exfuncionario estatal, ya que él “seguirá compitiendo en la encuesta, pese a que sus aspiraciones cambiaron de ruta”.
“En el juego de la democracia y en el ámbito político no es ninguna incongruencia. Se registran para participar para un puesto político y al ir caminando en ese proceso y unirse a un aspirante no habla mal de esa persona. Tal vez reconoce que es mejor participar en la unidad con un aspirante, como puede ir sucediendo más adelante o jugar hasta que termine la encuesta”, abundó.
Y justificó su aseveración, señalando que en primer lugar la propuesta es para la gubernatura, pero también están compitiendo, al igual que se hizo a nivel nacional, por las Senadurías y las diputaciones federales y locales.
“Él (Zenyazen Escobar) sigue participando, aunque en estos momentos se está definiendo quien será el candidato de Morena a la gubernatura del estado, y le da el respaldo (a Nahle) para lograr este objetivo, pero él sigue en su lucha. En dónde riñe esto. (…) Eso quiere decir que está viendo fuerte a Rocío Nahle”, argumentó.
Y abundó: “Todos los que están jugando, no significa que no vayan a seguir luchando por ser senadores o por ser diputado”, al tiempo de rechazar que el proceso interno morenista sea una “farsa política”, es uno de los argumentos que permite la democracia y es válido, y está en su derecho, refirió.
FGE debe esclarecer denuncias presentadas por el ORFIS
para esclarecer irregularidades en denuncias presentadas
Por otro lado, respaldó la acción que realizarán diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso local para solicitar a la Fiscalía General del Estado (FGE), el esclarecimiento de algunas irregularidades con respecto a las denuncias presentadas por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS).
refirió que la petición la hará el diputado Rafael Gustavo Fararoni Magaña, presidente de la citada comisión legislativa, quien exigirá tanto a la FGE como a la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, den un reporte de cada una de las denuncias que fueron presentadas.
La acción que se realizará, dijo, se funda en que los últimos periodos ha sido deficiente el proceso para dar sentencia y sancionar a quienes han incurrido en el uso de los recursos públicos de las entidades públicas municipales y estatales, así como de los órganos autónomos y descentralizados.
El petista consideró de suma importancia solicitar esos informes para poder analizar cada una de las denuncias, con el propósito de hacer cumplir la Ley.
Y es que desde los últimas administraciones municipales y estatal se han presentado más de 120 denuncias por presunto daño patrimonial, luego de las revisiones de las cuentas públicas de los últimos diez años y no se h ejercicio ninguna acción legal en contra de los presuntos responsables del uso indebido de los recursos públicos.
Es por ello que es necesario que la FGE y la Especializada contra la Corrupción, den a conocer la situación que priva en cada una de las denuncias presentadas por el ORFIS y conocer el destino de dichos recursos públicos que dichas administraciones manejaron.
Finalmente, el dirigente estatal petista señaló que es positivo el mandato judicial emitido por un Juez federal en contra de funcionarios públicos de administraciones pasadas por el delito de desvío de recursos públicos.
Esto es derivado gracias a las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), lográndose concretar que estos malos servidores puedan ser juzgados y, con ello, reparar el daño causado al erario público de Veracruz, concluyó.