Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada, elevar a rango constitucional el derecho a vivienda adecuada para personas trabajadoras  

• Con 469 votos, cero en contra y una abstención, modificó el Apartado A del artículo 123 de la Carta Magna

• El dictamen, que además convierte al Infonavit en constructor y arrendador de vivienda, fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales

Con la mayoría calificada de 469 votos a favor, cero en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma y adiciona la fracción XII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, en materia de vivienda adecuada para las personas trabajadoras.

El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas. Esa obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan al Fondo Nacional de Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus personas trabajadoras.

Indica que el Fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, en los términos que fije la ley.

Además, considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de las personas trabajadoras y empleadoras, que administre los recursos del Fondo Nacional de Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimiento conforme a los cuales las personas trabajadoras podrán acceder a los créditos y viviendas en arrendamiento social.

Determina que la ley establecerá los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad. La mensualidad del arrendamiento social no podrá exceder del treinta por ciento del salario de las personas trabajadoras.

En cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al Fondo y no cuenten con vivienda propia. La ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho.

En régimen transitorio, se precisa que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de ciento ochenta días naturales para realizar las adecuaciones que resulten necesarias a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De igual modo, con el objeto de reivindicar la orientación social del Instituto, en un periodo no mayor a ciento ochenta días naturales deberá implementarse un programa de eficiencia operativa que permita hacer una reducción de costos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura deriva de una iniciativa que el Ejecutivo Federal presentó el pasado 5 de febrero, de diversas propuestas de diputadas y diputados en la anterior Legislatura, y del Congreso de Jalisco.

Al inicio de la discusión, el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena), presidente de la Mesa Directiva, dio lectura a una síntesis del dictamen que incluye entre las reformas los términos de “personas trabajadoras”, “empleadoras” y “viviendas adecuadas”.

Discusión en lo particular

En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PT, PRI y MC presentaron diversas reservas al único artículo del decreto.

Se aceptó la reserva del diputado Carlos Alberto Ulloa Pérez (Morena), para precisar que “el Fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, en los términos que fije la ley”.

También, la del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena), a fin de señalar que “la ley establecerá los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad. La mensualidad del arrendamiento social no podrá exceder del treinta por ciento del salario de las personas trabajadoras”.

Carvajal Hidalgo dijo que se eliminan los diez años del plazo de arrendamiento que se establecen y el requisito fijo de un año de cotización para que haya más opciones, porque hay jóvenes que ya tienen acumulados ahorros, otros con crédito autorizado por la banca privada y unos quienes son trabajadores independientes.

Indicó que ante las nuevas modalidades de teletrabajo y opciones que tienen las y los jóvenes, es importante cambiar el paradigma de la vivienda y construir nuevos modelos de desarrollo social, a través de nuevos programas con el arrendamiento.

Sobre la reserva, el diputado Julen Rementería Del Puerto (PAN) dijo que se quita el plazo de un año de cotización ante el Fondo para alcanzar el arrendamiento. “Es indigno que se venga a cambiar algo con lo cual se vino a presumir. Ahora se cancela la posibilidad de que los jóvenes con un año de cotización puedan arrendar una vivienda”.