Activista presentó queja formal ante la CDEH por la detención y acusación de Lafita León

• Acusar a un periodista de terrorismo es un acto extremo, desproporcionado y profundamente peligroso para cualquier democracia: Ángel Ku.

Irineo Pérez Melo.- El activista Ángel Kú presentó una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la detención y acusación de delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delito contra las instituciones de seguridad pública del periodista veracruzano de terrorismo, Rafael “Lafita” León Segovia, ocurrida el pasado 24 de diciembre del año en curso.
En un comunicado, que el activista difundió en sus redes sociales, menciona que al periodista coatzacoalqueño se le imputan estas acusaciones porque “llamó las cosas por su nombre” y dijo que acusar a un periodista de terrorismo “es un acto extremo, desproporcionado y profundamente peligroso para cualquier democracia”.
“Mientras el gobierno federal niega reiteradamente que exista terrorismo en México, incluso frente a hechos de violencia extrema como coches bomba y ataques armados, en Veracruz sí se utiliza esta figura penal máxima contra un comunicador. Esta contradicción no es jurídica, es política, y revela un uso selectivo del derecho penal para intimidar”, manifestó.
Explicó que no presentó la queja para defender a “Lafita” en lo individual, sino como un ciudadano y receptor del derecho a la información, porque cuando “el Estado criminaliza al periodismo no solo persigue a un periodista: intenta disciplinar a todo el gremio y restringe el derecho colectivo de la sociedad a saber”, destacó.
De acuerdo con la organización Artículo 19, dijo que en este año Veracruz se posicionó como la entidad con más procesos de acoso judicial contra periodistas en todo el país, con diez casos documentados.
“Artículo 19 ha advertido, además, una tendencia sostenida de judicialización del ejercicio periodístico en la entidad. En ese contexto, imputar el delito de terrorismo a un periodista puede entenderse como parte de un patrón de criminalización que debe ser investigado y frenado”, añadió.
Ante esta situación, exigió que se investigue la actuación de las autoridades estatales involucradas. Se analice el uso del delito de terrorismo contra un periodista bajo estándares constitucionales e interamericanos. Se emita un pronunciamiento público claro, no evasivo y se recomienden medidas de no repetición para impedir que el derecho penal sea utilizado como herramienta de intimidación política contra la prensa.
“Defender la libertad de expresión implica poner límites al poder, no administrarle excusas. Hoy se acusa a un periodista de terrorismo en Veracruz. Si esto se normaliza, mañana cualquier voz incómoda puede ser la siguiente”, concluyó.