Recuperar la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos, principal reto de la fiscalización en México: Gonzalo Guízar.

• El veracruzano es uno de los 81 prospectos que buscan la titularidad de la ASF; plantea la revisión del gasto gubernamental y orientarla a más resultados sociales.

San Lázaro, Ciudad de México.- El principal reto de la fiscalización en México es recuperar la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos y orientar la revisión del gasto gubernamental hacia resultados que impacten directamente en el bienestar social, aseguró Gonzalo Guízar Valladares.
En lo que fue su presentación en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo del diputado Javier Herrera Borunda, para participar en el proceso de designación de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2026-2034, el exdirigente estatal del desaparecido Partido Encuentro Social (PES) destacó que el objetivo central de este sistema ha sido evitar la corrupción y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en beneficios para la población. Sin embargo, advirtió que en los últimos años ha crecido la desconfianza social debido a la percepción de impunidad y a la limitada eficacia de los mecanismos de fiscalización.
Como ejemplo, mencionó que en algunos ejercicios fiscales se presentan entre 15 y 20 denuncias penales derivadas de auditorías, lo que, a su juicio, refleja problemas estructurales en el control del gasto público, por lo que la fiscalización no debe limitarse únicamente a detectar irregularidades o verificar si el recurso se ejerció conforme a la ley, sino que debe evaluar el impacto social de la inversión pública y de las acciones gubernamentales.
Ante la diputada Paola Tenorio Adame, quien condujo los trabajos de la entrevista, el político veracruzano consideró necesario reforzar la independencia institucional y el rigor técnico de los órganos fiscalizadores, ya que, estos principios pueden verse debilitados por intereses políticos o prácticas de favoritismo dentro de las instituciones.
Entre las acciones que propuso para fortalecer el sistema de fiscalización se encuentran orientar los procesos hacia la prevención de irregularidades, aplicar sanciones ejemplares para combatir la impunidad y aprovechar herramientas tecnológicas y análisis de datos que permitan mejorar la vigilancia del uso de los recursos públicos.
Afirmó que la fiscalización superior debe consolidarse como un instrumento institucional que contribuya al bienestar de la sociedad, privilegiando la prevención de malas prácticas y la eficiencia en la administración del gasto público y aseguró que el sistema de auditoría en México enfrenta problemas estructurales que limitan su efectividad para combatir la corrupción y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
Durante el transcurso de la entrevista, fue cuestionado por los legisladores Daniel Andrade Zurutuza de Hidalgo; Alfonso Rubalcava Jiménez de Aguascalientes y Carol Antonio Altamirano de Oaxaca, con quienes reflexionó sobre la fiscalización en el país, señalando que actualmente las auditorías se concentran en detectar irregularidades después de que se ha realizado el ejercicio del gasto, lo cual consideró necesario, pero insuficiente para evitar actos indebidos.
Indicó que este modelo ha generado un escenario en el que se detectan múltiples irregularidades, pero persiste la impunidad, debido a que el enfoque institucional está centrado en corregir fallas una vez que ya ocurrieron, en lugar de prevenirlas. “Estamos privilegiando la corrección y no la prevención”, expresó, al considerar que es necesario invertir esa lógica para fortalecer la eficiencia y eficacia del gasto público.
También señaló que existe una alta concentración de auditorías enfocadas únicamente en el cumplimiento administrativo, lo que deja de lado el análisis preventivo que permitiría evitar irregularidades antes de que se materialicen, al tiempo de mencionar que hace falta mayor articulación entre la ASF y los órganos fiscalizadores estatales para mejorar la coordinación en la vigilancia de los recursos públicos.
Otro de los retos, dijo, es la limitada comprensión ciudadana del trabajo que realizan las autoridades auditoras, debido a que los informes suelen ser extensos y complejos y advirtió que en ocasiones se genera un impacto mediático negativo contra servidores públicos a partir de los pliegos de observaciones, aun cuando posteriormente estos pueden ser solventados durante el proceso de revisión.
En ese sentido, planteó que se debería dar menor protagonismo a las observaciones preliminares y mayor relevancia a los resultados finales de las auditorías, una vez que se determine qué irregularidades fueron solventadas y cuáles no, señaló por último.