Dado que es un conjunto de conductas que afectan en lo social y lo público, debe considerarse como delito que impacta a la economía estatal, y no percibirlo como ilícito patrimonial.
Mayoría de autoridades municipales a favor del decreto que reforma la fracción VI del Artículo 67 de la Constitución Política Local, aprobado el pasado 25 de octubre por este Congreso.