Infraestructura hospitalaria y sanitaria, educativa y deportiva, vialidades urbanas, electrificación y equipamiento para seguridad pública constituyen el destino de los recursos autorizados mediante el Decreto, por el cual esta Legislatura autoriza al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave gestionar y contratar uno o varios financiamientos hasta por dos mil millones de pesos.
Este jueves, durante la Octava Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el Pleno legislativo aprobó, con 46 votos a favor, sin votos en contra y sin abstenciones, el Dictamen emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, derivado de la Iniciativa remitida a esta Soberanía por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Por este Decreto, se autoriza al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto del Poder Ejecutivo, para que, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), gestione y contrate, con cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos un monto de hasta dos mil millones de pesos, para destinarlo a inversión pública productiva, teniendo como fuente de pago un porcentaje de las participaciones federales que en ingresos tenga derecho a recibir.
De acuerdo con el Dictamen aprobado, el Estado deberá destinar los recursos que obtenga con el o los financiamientos que contrate con base en dicho decreto para financiar inversión pública productiva, en los rubros de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y de salud, infraestructura educativa y deportiva, infraestructura en vialidades urbanas, interurbanas y metropolitanas, en obra pública en materia inmobiliaria, de suelos, agropecuaria, medioambiental, hidráulica y de electrificación y de equipamiento, infraestructura vehicular operativa y equipamiento para seguridad pública y toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social.
Asimismo, el origen y destino de los recursos permitirá garantizar obras y acciones de inversión productiva, es decir, erogaciones realizadas con recursos provenientes de financiamientos, destinadas a la ejecución de obras, adquisición de bienes que generen un aumento en la capacidad o vida útil de los mismos y así lograr estabilidad y mejora en la economía estatal.
El Decreto aprobado establece también que el Estado deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan obligaciones pendientes de pago a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con base en dicho decreto, el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal, hasta su liquidación total.
Discusión del dictamen
En la discusión del dictamen, la presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, diputada Rosalinda Galindo Silva, reconoció que las políticas del gobierno encabezado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, como fueron planteadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo, se han conducido en estricto apego a la austeridad republicana y al manejo responsable de las finanzas públicas.
Con austeridad, disciplina y transparencia financiera –añadió la legisladora-, se ha logrado dar cumplimiento oportuno de los elevados pagos de la deuda del pasado: con la banca comercial, con el propio Gobierno de la República, ayuntamientos, organismos autónomos, incluida nuestra máxima casa de estudios, con el sistema de pensiones y con proveedores y contratistas que han comprobado la prestación de sus servicios u obras, entre otras múltiples obligaciones heredadas y, al mismo tiempo, que se ha dado cumplimiento del pago oportuno del gasto corriente, de los servicios públicos, salarios y aguinaldos de maestros, enfermeras, doctores y policías, entre otros, hasta llegar a un punto de equilibrio.
También desde la tribuna, el diputado Gonzalo Guízar Valladares argumentó que el sentido de su voto a favor de este mecanismo de apalancamiento, de reactivación económica en materia de salud y para el fortalecimiento directo de la micro y mediana empresa obedeció a un reconocimiento del uso responsable de la ingeniería financiera para la recontratación de deuda pública.
Destacó que este financiamiento “no va a gasto corriente. Vamos a mitigar la falta de recaudación vía participaciones y recursos propios y federales más de mil 800 millones de pesos (…) y vamos a invertir en infraestructura y, al mismo tiempo, estamos reactivando la economía. Hay seriedad en el manejo de los recursos públicos en materia de deuda. Nuestro voto va a favor porque es un acto de responsabilidad financiera”.
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