A fin de fortalecer la democracia participativa en el orden de gobierno más próximo a la población, el grupo legislativo mixto de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), propuso, mediante una iniciativa, que se faculte a la ciudadanía para proponer ante los ayuntamientos nuevos ordenamientos municipales o modificaciones a los mismos.
La iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre y a la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, presentada ante la Diputación Permanente, plantea que, bajo las mismas reglas que ya existen para la iniciativa ciudadana en el ámbito estatal, las y los veracruzanos puedan participar en el ámbito municipal.
Los proponentes refieren que el derecho de la ciudadanía de iniciar leyes o decretos, mismo que en el artículo 34 de la Carta Magna federal se establecería hasta 2012, para proponer modificaciones a los ordenamientos jurídicos locales mediante la llamada “iniciativa popular”, actualmente denominada “iniciativa ciudadana”, toma particular relevancia en el ámbito municipal.
Explican que la materialización en el orden normativo estatal de ese mecanismo de participación ciudadana aún es incompleta y, por tanto, perfectible, ya que no está previsto para incidir directamente en el orden de gobierno de mayor proximidad para la población, es decir, el Municipio Libre.
Las y los diputados del referido grupo legislativo proponen incorporar en la Ley Orgánica del Municipio Libre, en el capítulo referente a la participación social, el derecho ciudadano de proponer a los ayuntamientos nuevos ordenamientos municipales o modificaciones a los mismos.
Añaden que en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, publicada el 29 de noviembre de 2018 y en la que se prevén actualmente los mecanismos denominados “Audiencia pública”, “Cabildo en sesión abierta” y “Asamblea vecinal”, se incluiría el de “Iniciativa ciudadana en el ámbito municipal”, para lo que se adicionarían las disposiciones correspondientes, en las que se regularía el procedimiento para tramitar dichas iniciativas, en los casos en los que la reglamentación municipal no contuviera normas aplicables para tales efectos.
Con esta propuesta –añaden-, sin detrimento de la facultad reglamentaria conferida constitucionalmente a los ayuntamientos, se daría a las y los ciudadanos veracruzanos la posibilidad de participar activamente en la actualización o expedición de los ordenamientos, cuya aplicación incide en mayor medida que los de carácter estatal en el entorno de sus cotidianas actividades, pues en ellos se establece la regulación de las relaciones de la población con sus autoridades municipales, mismas que son las que les resultan más cercanas y cuyo ejercicio de poder les beneficia o afecta de diversas maneras.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.
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