Armoniza Congreso la Ley de la CEDHV con disposiciones de transparencia
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• RHP merece ser escuchada; no buscamos que la justicia se resuelva en los medios de comunicación, sino en los tribunales: representantes legales.
Irineo Pérez Melo.- Sin la pretensión sustituir lo que se debe ganar en tribunales a través de los medios de comunicación, los representantes del Despacho de Abogados Aguirre Montoya Rodríguez y Zorrilla, fijaron su postura ante las declaraciones de las personas imputadas por el presunto delito de intento de feminicidio, en contra de la doctora con identidad resguardada RHP, quienes afirman estar detenidas injustamente.
En conferencia de prensa, los abogados Ángel Humberto Aguirre García y José Clemente Zorrilla Rostro, dieron a conocer que los hechos denunciados ocurrieron el 21 de agosto de 2023, en su domicilio, ubicado en la Avenida Miguel Alemán, en Xalapa. La imputación señala a Julio César F. P. y Estibaliz Javivi H. B. por una agresión en la que RH habría recibido golpes y patadas, principalmente en la cabeza, indicaron.
El propósito de hacer pública la información, dijo Ángel Humberto Aguirre, no es sustituir el trabajo de los tribunales ni litigar el caso en los medios de comunicación, sino permitir que la ciudadanía conozca ambas versiones y tenga elementos para evaluar el desempeño de las instituciones encargadas de impartir justicia.
“No buscamos que la justicia se resuelva en los medios de comunicación. Nuestro propósito es informar a la población sobre el asunto y hacer presente la voz de RH. Hasta ahora habíamos mantenido nuestra intervención en los tribunales, por respeto al proceso y a su privacidad”, insistió.
Recordó que de acuerdo con integración de la investigación ministerial, su hijo se encontraba sacando un vehículo de la vivienda cuando presuntamente fue agredido por dos personas que, aparentemente, ya mantenían diferencias con él, y al intervenir, para separar a los involucrados y defender a su hijo, la mujer habría sido golpeada brutalmente, incluso con patadas en la cabeza, lo que le ocasionó lesiones de gravedad y puso en riesgo su vida.
Como consecuencia de la agresión, la doctora, de unos 60 años, tuvo que ser sometida a una intervención craneal, además de que presenta secuelas permanentes derivadas de las lesiones sufridas. La documentación médica registra hematomas subdurales bilaterales que requirieron cirugía craneal el 21 de septiembre de 2023. El 21 de mayo de 2024 se dictó vinculación a proceso por tentativa de homicidio doloso calificado, y posteriormente la Fiscalía presentó acusación.
Este hecho, dijo Zorrilla Rostro, sea presentado como un simple pleito, al considerar que la magnitud de las lesiones y las circunstancias de la agresión evidencian la gravedad de los hechos, por lo que los agresores, se encuentran vinculadas a un proceso penal por su probable participación en el delito de tentativa de feminicidio.
El juicio, dijo, se ha llevado todo este tiempo, porque la defensa de los imputados promovió un amparo, sin embargo, la resolución no ordenó su liberación, sino que estableció que se volvieran a valorar los argumentos relacionados con la medida cautelar. Después de realizar nuevamente el análisis en audiencia, el juez determinó que debía mantenerse la prisión preventiva justificada.
Los abogados atribuyeron la prolongación del proceso a los recursos legales que ha promovido la defensa, pues aunque los hechos ocurrieron en 2023, la integración del caso y la vinculación a proceso se concretaron prácticamente a finales de 2024 y que han ocasionado que los familiares busquen posicionarlos como víctimas de una supuesta injusticia, cuando todavía existe un procedimiento penal en curso por hechos que calificaron como extremadamente graves.
En ese contexto, Aguirre García reitero que el bufete jurídico que representan, siempre ha privilegiado el litigio en los tribunales y que no tenían intención de llevar el asunto a los medios de comunicación; pero que decidieron ofrecer una conferencia de prensa ante las declaraciones y movilizaciones de la contraparte.
Además, los abogados expusieron que este caso debe analizarse también dentro del contexto de violencia de género que enfrenta Veracruz, entidad que cuenta con alertas por violencia contra las mujeres y que la sociedad conozca este tipo de asuntos y tenga acceso a información de ambas partes, particularmente cuando se trata de casos relevantes relacionados con la actuación de las autoridades judiciales.
Finalmente, la representación jurídica reconoce que la responsabilidad penal deberá determinarse en los Tribunales, con respeto a la presunción de inocencia, por lo que solicitaron que el proceso avance sin dilaciones indebidas y se garanticen los derechos y la seguridad de RH.
No obstante, dejaron en claro que ambos mantienen vigente el principio de presunción de inocencia y que será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad una vez concluida el proceso correspondiente.