VERACRUZ: CHIVO EXPIATORIO EN LA FISCALÍA Y MILLONES SIN EJERCER EN OBRA PÚBLICA.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, que encabeza Lisbeth Aurelia Jiménez, optó por la salida cómoda: hacer que la fiscal regional Karla Díaz Hermosillo pagara los platos rotos del escándalo por la imputación del delito de terrorismo contra el periodista Rafael León y, en lugar de asumir el fracaso jurídico y político, empujarla a la renuncia.

La operación para intentar cerrar el tema inició a finales del 2025, cuando comenzó a circular la versión de que la ahora exfiscal regional había actuado con dolo para dañar a la recién llegada fiscal general; según la historia que se intentó construir, Karla Díaz sería incondicional de la ex titular de la FGE, Verónica Giadáns.

La narrativa no prendió y obligó a la Fiscalía a cambiar de estrategia, ahora ha “trascendido” que Karla Díaz ya no ocupa el cargo y que habría renunciado, aunque —como en todo este caso— no existe una sola línea oficial que lo confirme pues la dependencia optó por filtrar información en lugar de informar y evita dar la cara ante un hecho de gravedad institucional.

La Fiscalía pretende vender la idea de que el problema fue una fiscal regional como si un expediente de esa magnitud, con un delito tan grave y atípico como el terrorismo, pudiera haberse armado y judicializado sin el conocimiento, aval o consentimiento de la cadena de mando, una versión que resulta tan inverosímil como insultante.

El movimiento en la fiscalía regional se lee como una cortina de humo para evitar enfrentar el fondo del asunto, la FGE sigue sin atender la exigencia que incluso hizo la presidenta de la República: explicar por qué se utilizó el delito de terrorismo contra un periodista.

Lisbeth Aurelia Jiménez guardó silencio entonces y hoy vuelve a esconderse evitando asumir responsabilidad pública.

Que Karla Díaz haya actuado por consigna o conforme a derecho y, aun así, haya terminado fuera del cargo sin defenderse públicamente, abre dudas legítimas sobre su actuación pero también obliga a mirar el contexto: en Veracruz enfrentar al Estado tiene costo, y no cualquiera está dispuesto a pagarlo, por eso el silencio, en muchos casos, no es culpa sino supervivencia.

El antecedente es claro y pesa como advertencia, en el sexenio de Cuitlahuac García, la exjueza Angélica Hernández fue detenida, encarcelada y tratada como delincuente peligrosa por decisiones tomadas en el ejercicio de su función. Su caso no fue solo un proceso judicial, fue un mensaje disciplinador, su proceso se convirtió en un escarmiento público que muchos prefieren no desafiar, no fue solo un asunto judicial, fue una demostración de fuerza institucional.

Por eso, antes de juzgar el mutismo de Karla Díaz, conviene entender el entorno: en Veracruz, el castigo no siempre es legal, pero sí aleccionador y el Estado ya dejó claro qué ocurre cuando alguien se atreve a no obedecer.

El caso Rafael León no se cierra con la salida de Karla Díaz Hermosillo, la responsabilidad no termina en una fiscal regional; termina —o debería terminar— en quienes dirigen la Fiscalía y avalan decisiones que criminalizan el ejercicio periodístico pero mientras la fiscal general siga sin rendir cuentas, el mensaje es demoledor: en Veracruz, el error no se castiga arriba, se barre abajo… y el poder permanece intacto.

EL PROBLEMA NO ES EL DINERO, ES LA INEFICIENCIA.

En Veracruz las carreteras colapsan, los caminos rurales están intransitables y comunidades enteras permanecen aisladas, pero no por falta de dinero, sino por la ineptitud de una secretaría incapaz de ejercer el presupuesto que se le asigna.

El propio titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, dejó claro que la incapacidad administrativa de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas provocó que 435 millones de pesos se quedaran guardados sin aplicarse a obra pública.

Ese dinero no ejercido —legalmente llamado subejercicio— es una evidencia clara del fracaso de gestión del titular de la SIOP, Leonardo Cornejo Serrano, a quien la gobernadora Rocío Nahle García ha respaldado al grado de convertirse en su empleada y verse obligada a supervisar y presionar personalmente la ejecución de obras que avanzan con lentitud alarmante.

El secretario de Finanzas reconoció que la SIOP no ejerció el 10 por ciento del presupuesto asignado en 2025. “Solo el 10 por ciento”, dijo, intentando minimizar lo que él mismo aceptó como el subejercicio más alto entre las dependencias estatales.

Que no se ejecuten obras habiendo recursos resulta ofensivo, la obra pública es esencial para la seguridad y la movilidad de millones de veracruzanos que diariamente arriesgan la vida en puentes y carreteras inservibles, llenas de hoyancos, lo que además frena el crecimiento económico, limita la llegada de servicios y profundiza el rezago social.

Esos 435 millones de pesos debieron convertirse en asfalto, puentes, caminos rurales e infraestructura básica pero no ocurrió, la SIOP fue incapaz de ejecutar el presupuesto pese a que Veracruz arrastra un rezago histórico en conectividad y mantenimiento carretero.

Aquí no hay falta de recursos; hay fallas graves de planeación, ejecución y gestión, cada peso no ejercido es una obra no realizada, es una comunidad más aislada y una carretera destrozada.

Cuando en Veracruz sobra dinero en la dependencia a la que se le concentró el control total de la obra pública, el problema es de ineptitud, y el responsable debería ser sustituido pues los hechos demuestran que la responsabilidad, simplemente, le quedó grande.