CARTEL INMOBILIARIO DE VERACRUZ ¿A QUIÉNES SE INVESTIGA?

Por Si Estaban Con El Pendiente

Quetzalli Carolina Vazquez.

El llamado Cártel Inmobiliario de Veracruz no es nuevo, pero sí es grave; la gobernadora Rocío Nahle confirmó que el caso de la llamada Casa de las Ánimas quedó resuelto y que el inmueble fue entregado a sus legítimos propietarios; afirmación que encierra una verdad incómoda: si hubo restitución, es porque antes hubo despojo.

¿Cuántas propiedades siguen atrapadas en expedientes judiciales y trámites amañados?, ¿cuántas personas siguen esperando justicia mientras el tiempo, la edad o la muerte les ganan la partida?

La carpeta de investigación XAL/DXI/F7/131/2026 permite asomarse a ese entramado, ahí aparecen nombres que hoy están bajo investigación por varios posibles delitos, nombres que no suelen aparecer en notas oficiales, pero que se repiten en litigios donde el resultado casi siempre es el mismo: alguien pierde una propiedad que era legitimamente suya.

De acuerdo con lo asentado en esa carpeta, José Roberto Contreras Contreras intentó adjudicarse el inmueble conocido como Casa de las Ánimas argumentando un supuesto contrato de compraventa, para sostener su pretensión presentó copias certificadas de inscripciones registrales con fechas que se remontan a 1992 y otros años, con las que buscó acreditar que Gerardo Pérez Guerrero habría adquirido el bien por prescripción positiva, documentos que, pese a su apariencia formal, hoy forman parte de una investigación penal por presunta falsificación.

En ese mismo expediente figuran Olga González García y Maximiliano Luna Aguilar, quienes declararon como testigos de una compraventa que, a juzgar por la restitución del inmueble, nunca existió. La devolución de la propiedad a sus legítimos dueños no solo corrige un agravio patrimonial: también deja bajo sospecha la veracidad de esos testimonios.

La red no termina ahí, en la carpeta se menciona también a José de Jesús Argüelles Lara, apoderado legal del actor, así como a los abogados Paulino Villegas San Gabriel, Roberto Rodríguez Cruz, Alfredo Altamirano Muñoz, Víctor Manuel Reino Hernández e Iván Rodríguez Aguilar, quienes fungieron como abogados patronos; la mención de estos nombres no implica, por sí misma, una responsabilidad penal, pero sí exhibe un patrón jurídico que se repite en litigios inmobiliarios hoy bajo escrutinio público.

A este entramado se suman otros nombres que ya han sido señalados en denuncias e investigaciones periodísticas: Débora Estrada Pacheco, en su calidad de responsable del Registro Público de la Propiedad en Xalapa; los notarios Miguel Ángel Díaz Pedroza y Miguel Ángel Rodríguez Domínguez, vinculados a procesos de escrituración cuestionados; Martha Leticia Toral Zayas, relacionada con la supuesta venta irregular de un predio de más de 12 hectáreas; y David Agustín Jiménez Rojas, exdirector del Registro Público de la Propiedad y hoy subsecretario de Educación.

Hay, sin embargo, un hecho interesante, el juez Leopoldo Toss Capitán, quien al verse señalado, decidió no esconderse: presentó una denuncia formal y pidió que se investigue su actuación para deslindar responsabilidades.

Ese hecho importa, pues en un contexto donde abundan las evasivas, someterse al escrutinio institucional es asumir que la verdad debe aclararse y, el contraste es brutal pues mientras uno pide que se investigue, el resto calla.

Nadie más ha solicitado auditorías, nadie ha pedido revisar expedientes, nadie más ha salido a explicar su papel; y cuando existen carpetas abiertas y el propio gobierno ha reconocido irregularidades, el silencio ya no puede leerse como prudencia jurídica, sino como una forma de evasión.

En este escenario, el saqueo ocurrido en las oficinas de Catastro del municipio de Veracruz adquiere un significado inquietante. Aunque no existe evidencia que vincule directamente el robo con las investigaciones en curso, la sustracción de equipo de cómputo en un área clave para el resguardo de información inmobiliaria, justo cuando se denuncian alteraciones de folios e inscripciones irregulares, vuelve inevitable la sospecha sobre la fragilidad —o la vulnerabilidad inducida— de los sistemas que deberían dar certeza jurídica a la propiedad.

Casos donde se intentan despojar de propiedades a sus legítimos dueños hay decenas; uno de ellos involucra más de 500 hectáreas en el municipio de Las Vigas, donde reaparecen los mismos abogados, los mismos esquemas y la misma historia: personas con escaso conocimiento legal despojadas de sus tierras con el aval de funcionarios públicos que se prestaron a la corrupción.

¿Cuántos de esos predios podrán realmente regresar a manos de sus legítimos dueños?

Reconocer la existencia del llamado Cártel Inmobiliario fue apenas el primer paso y, quizá, el más fácil, sin embargo, lo verdaderamente complejo empieza ahora: desmontar las redes que lo hicieron posible, revisar expedientes, decisiones judiciales, actuaciones notariales y omisiones administrativas, y exhibir a quienes, desde dentro del Estado, permitieron que el despojo se convirtiera en método.

Mientras no haya responsables sancionados, los mismos nombres sigan apareciendo en los mismos esquemas y las víctimas sigan esperando, el reconocimiento oficial de una red de corrupción no será justicia sino simulación.

Cuando el Estado admite el despojo y no actúa con la misma contundencia con la que lo nombra, la omisión deja de ser un error técnico y se convierte en una decisión política y toda decisión política —tarde o temprano— tiene responsables, nombres y consecuencias.

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